Equilibrio financiero… y cuándo contratamos con el Estado?

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El Estado tiene una gran importancia en la economía del país –basta con comentar que en el 2017 más del 17% de las personas que trabajan son funcionarios públicos, a lo cual hay que sumarle el personal de confianza, consultores, etc…-, siendo en muchos casos un socio y un cliente estratégico para las empresas.

Todos conocemos el fin del Estado, que tiene que servir y atender el interés general, debiendo obrar con el ejemplo, con transparencia, al tiempo que necesariamente debe adaptarse a fin de responder adecuadamente a las nuevas necesidades sociales…. debiendo sujetar su accionar a derecho y a los principios generales como son el de buena fe, el de equidad e igualdad.

Mas la realidad es que en muchas ocasiones los particulares que acuerdan y colaboran directamente para que el Estado pueda cumplir con sus cometidos, generalmente se enfrentan a riesgos más gravosos de los que se encontrarían si contrataran con otro particular.

¿Por qué? — por las potestades y protecciones del Estado, como son a modo de ejemplo: la inembargabilidad de sus bienes, las potestades especiales de dirección, control, sanción, modificación de los contratos y prerrogativas especiales para pagar las deudas…

La naturaleza de todo contrato implica que corresponde cumplirse y hacerse cumplir, en tanto regla de derecho y Ley entre las partes… mas el interés general a veces requiere que se realicen cambios, modificaciones a los acuerdos, lo cual puede afectar o limitar los intereses de particulares.

La solución puede ser disponer los supuestos en que procede la modificación en los contratos, mas las casuísticas pueden llegar a ser tan amplias que lo esencial es respetar lo acordado, así como los derechos y principios fundamentales. Al tiempo que se analice cada caso en concreto, se atienda la sustancia -la naturaleza- del contrato, se mantenga equilibrada la ecuación económica financiera, se respete el interés público comprometido y no se afecte a terceros.

En los contratos las partes se deben poder exigir recíprocamente en pie de igualdad, la validez no puede dejarse al arbitrio de uno de los contrayentes, y en caso de que haya un daño -acreditado el daño y el nexo- se debería reparar, restableciendo en su caso la ecuación económica – financiera. 

Comparto dos artículos donde desarrollo los conceptos vertidos en el presente artículo:

(1) ¨El equilibrio financiero en la contratación administrativa¨ 

(2) ¨Responsabilidad del Estado más allá de lo lícito o ilícito¨(ir a la Página 56)

 

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