¿Los smart contracts… y la ley?

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Los Smart Contracts o contratos inteligentes, comenzaron a  ser utilizados en los años 90 por Nick Szabo para desarrollar protocolos entre terceros, pero  han captado la atención tras el desarrollo de la tecnología blockchain, que permite –entre otras cosas- la realización de transacciones de forma automática, sin intermediarios, siendo el sistema quien controla y ejecuta.  

De lo anterior, como indica Lawrence Lessig se desprende cada vez con mayor énfasis que “code is law”, lo cual implica que además de entender el mundo real en que vivimos, también debemos poder comprender el código del mundo digital.  En esta línea, cada vez se habla más sobre la necesidad de que los contratos dejen de escribirse para pasar a ser programados, para lo cual va a ser fundamental poder comprender: lenguaje jurídico, tecnológico y de programación.

Los smart contracts tienen muchos beneficios, sobre todo en lo que respecta a los tiempos y a la seguridad del cumplimiento, en tanto una vez que se cumple la condición se ejecutan de forma automática.

Sin perjuicio, presentan diversos desafíos (y en algunos casos contradicciones) con el  ámbito jurídico. Destacamos:

  • Si una de las partes es la que configura el código, probablemente serán contratos de adhesión en tanto la otra parte no tenga posibilidades de negociar o de modificar las disposiciones, por lo que se tendrá que atender diversos aspectos, como por ejemplo que no haya cláusulas abusivas.
  • Hay que atender que el consentimiento sea válido, en tanto menores e incapaces podrían estar contratando de esta manera, lo cual afectaría su validez.
  • En caso de que se configure la nulidad del contrato o fuerza mayor que imposibilite el cumplimiento, se podrían generan múltiples problemas en tanto la tecnología blockchain es inalterable.
  • Si se utilizan para bienes y servicios, en caso de que el consumidor quiera desistir de la compra, teniendo en cuenta que la blockchain es irreversible e inalterable, se podrían generar inconvenientes.
  • Considerando que la tecnología blockchain es descentralizada y distribuida, es muy difícil poder identificar a los responsables del tratamiento y procesamiento de los datos personales.
  • Además es pública y transparente, por lo que diversos integrantes pueden acceder a la información, pudiendo afectar el consentimiento otorgado.
  • Por otra parte, no es posible modificar o suprimir las transacciones que se realizaron, por lo que también se podrían estar vulnerando derechos de los titulares de los datos, como es el derecho al olvido.
  • Finalmente, otro elemento que genera desafíos es lo vinculado a la jurisdicción aplicable, al ser la tecnología blockchain virtual y descentralizada, puede ocurrir que las partes estén en diversos países y además que la legislación sea diferente o incluso contradictoria.

Sin duda aún falta mucho por desarrollar, es importante ir identificando los diversos retos y contradicciones que pueden surgir respecto a las regulaciones actuales, a fin de ir buscando soluciones que faciliten la universalización de la tecnología en un todo conforme a los derechos fundamentales.

Fuente: Profesora Susana Checa Prieto, Universidad de Nebrija, Derecho Informático y Nuevas Tecnologías.

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